Ocupaciones irregulares

Los asentamientos irregulares no son un fenómeno nuevo ni aislado en las ciudades latinoamericanas. En ciudades como São Paulo o el DF, alrededor del 50% de la urbanización ha sido espontánea o informal. En México, las leyes no definen de forma expresa a los asentamientos irregulares pero las numerosas apariciones de esa noción en documentos oficiales dejan claro que la irregularidad está dada por la ausencia de propiedad legal; es decir que regularizar hace referencia a legalizar la tenencia del suelo.Aun sin definiciones categóricas, los asentamientos irregulares son un fenómeno que ha preocupado al Estado mexicano desde la década de los setenta, cuando creó un organismo para regularizarlos por la vía expropiatoria, tanto en tierras de origen ejidal y comunal como, recientemente ocurre, en las de origen privado. A pesar de la intervención del gobierno, el proceso no se ha revertido. El crecimiento demográfico y la migración interna de poblaciones económicamente desfavorecidas hacen que la ocupación ilegal de suelo siga siendo la única vía acceder a vivienda en contextos de precariedad habitacional y de escaso acceso al mercado de suelo legal para grandes sectores de la población. En la capital, este tipo de ocupación se presenta de forma creciente en el llamado “suelo de conservación”; el 59% de la superficie total. La ocupación de terrenos en el suelo de conservación es lamentable por varias razones. No sólo porque mantienen la puerta abierta a formas de urbanización precarias, sin servicios públicos, sino porque son zonas que prestan un servicio esencial al medioambiente: al servir como área de recarga del acuífero, contribuye a mantener el ciclo hidrológico de la cuenca del Valle de México. Con su superficie vegetal, además, protegen al suelo de la erosión y contribuyen a la conservación de la diversidad biológica. Muchas veces, la ocupación ilegal del suelo constituye un modo de subsistencia de grupos que no experimentan directamente la necesidad de vivienda, tal vez por ello se han endurecido las sanciones y penas hacia esas conductas. Sin embargo, su criminalización se ha revelado insuficiente y seguramente seguirá siéndolo en tanto no se acompañe de políticas habitacionales que atiendan mejor a ciertos sectores de la población, que se convierten en clientes y víctimas de la irregularidad. Para mantener el suelo de conservación, la sociedad tendrá que exigir al gobierno pensar en una estrategia fuerte para revertir el proceso de expansión, tanto el ilegal como el nebulosamente legal en forma de desarrollos inmobiliarios.