Vicente Ugalde

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China: la protección ambiental inefectiva

La información sobre el estado del medio ambiente en China en las últimas semanas hacen pensar en una crisis: primero, se informó que en enero la población de Pekín conoció niveles de contaminación atmosférica propios de una emergencia sanitaria; luego, esta semana, un informe del propio gobierno chino reconoció la existencia de “pueblos del cáncer” asociados a la dispersión de materias químicas, tóxicas y nocivas en corrientes de agua y en la atmósfera. Hace tiempo que sabemos que la preocupación por la economía en ese país supera el interés por el medio ambiente: ni la contaminación del río Songjiang por un derrame de benceno en 2005, o la plaga de algas verdes en el lago Taï (el tercero en dimensiones del país) en 2007 han propiciado que las emisiones a la atmósfera y las descargas de productos químicos en corrientes de agua disminuyan.En un trabajo sobre la gestión gubernamental en materia ambiental del gobierno Chino que tuve la oportunidad de reseñar para la revista Estudios Urbanos y Ambientales (se trata del libro “Global Environmental Challenges. Perspectives from the South” coordinado por Jordi Diez y O.P. Dwivedi), Stephen K. Ma presenta las principales medidas gubernamentales que, desde los años setenta, ha emprendido ese gobierno para hacer frente a la contaminación. El texto nos enseña que el derecho registró la decisión del gobierno chino por hacer algo al respecto, primero, mediante la inscripción del tema en la Constitución en 1978, luego a través de la promulgación de una ley ambiental en 1979, así como la creación de un ministerio en 1982, e incluso por la puesta en marcha diversos sistemas de medición de las emisiones contaminantes. Sin embargo, hoy sabemos que a pesar de esas grandes medidas legislativas y gubernamentales, la degradación ambiental asociada al desarrollo económico y a la concentración demográfica en zonas urbanas, no cesa. Es difícil saber si el problema se sitúa en la falta de regulaciones a la actividad industrial o simplemente en la inaplicación del derecho ambiental en vigor. Gracias al periodista Brice Pedroletti sabemos que en todo caso, la sociedad de ese país se inconforma ante la pasividad del gobierno: comienzan a darse expresiones, incluso masivas, de cuestionamiento por la reacción gubernamental hacia la contaminación. Se trata de manifestaciones como las de Xiamen (en 2007), Dalian (en 2011) y Ningbo (en 2012) asociadas a la producción de paraxileno; las que ocurrieron en Shangai y Canton contra el tren rápido y los incineradores (en 2008 y 2009); o incluso las movilizaciones silenciosas y discretas (a través de las redes sociales) por la contaminación en Pekín. La inscripción del tema ambiental en los cuerpos legislativos se revela, en ese país como en cualquiera, insuficiente para mitigar los impactos ambientales de muchas actividades industriales: la movilización del derecho ambiental, su efectividad, y no solo su promulgación, pueden ayudar a evitar las catástrofes ambientales y sanitarias que empiezan a parecer en ese emblemático caso de desarrollo económico e industrial que es la China de los últimos lustros.


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